Desaladoras proyectan un activo 2024: ocho plantas en desarrollo y otras 17 en etapa preliminar
Las iniciativas en alguna etapa de ejecución consideran una inversión que supera los $ 11.700 millones.
‘El año de las soluciones para la escasez hídrica’. Esa es la proyección que tiene Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), para este 2024.
Hoy en día en materia de desalación existen dos proyectos de ley en tramitación en el Congreso, que buscan entregar certeza jurídica en los procesos de obra de las plantas y agilidad en los permisos que se requieran para levantar los proyectos. A juicio del vicepresidente gremial, estas medidas vendrían a darle una mayor estabilidad al rubro de las desaladoras y recalcó que recogen las inquietudes más relevantes. ’Mientras más claras las reglas del juego, más apetito hay de los inversionistas. Hoy en día para obtener los permisos nos podemos demorar hasta seis años, con la implementación de la ley esto puede llegar a tres. Nosotros vemos que este año va a ser bastante activo’, destacó Palacios.
Según datos del gremio, en Chile hay cinco plantas desaladoras en construcción o prontas a entrar en operación (Planta Desaladora Collahuasi, Distrito Norte, Expansión Mantoverde, Antofagasta y Aconcagua), tres con evaluación ambiental aprobada (Distrito Minero Centinela Etapas I y II, Santo Domingo y Atacama), y al menos 17 iniciativas y proyectos que se encuentran en evaluación preliminar.
Asimismo, la entidad declaró que hoy en día hay US$ 11.772 millones de inversión relacionados a ocho proyectos en desarrollo de plantas de desalación en el país, por lo que para Palacios es crucial seguir avanzando en las materias de ley.
‘Esto no es solo importante por la inversión del proyecto en sí, sino todo lo relacionado al agua, como el litio, hidrógeno verde, minería, sanitarias, etc. Entonces tiene un efecto multiplicador muy grande en materia de crecimiento, por eso es tan importante que estos proyectos de ley se aprueben ahora’, destacó.
Cabe precisar que Chile cuenta con 24 plantas desaladoras con capacidad total de producción de 9.882 litros por segundo (l/s). Con las cinco plantas en construcción, en estos próximos dos años se sumará una capacidad de 6.920 l/s, y las 17 iniciativas sumarían 23 mil l/s adicionales, ‘números alentadores para el país’.
Proyectos de ley
Hace algunos meses atrás el Presidente Gabriel Boric daba a conocer el proyecto de ley que permitiría al Estado construir o licitar la construcción de plantas desaladoras de agua de mar.
Sumado a ello, el Gobierno informó que está buscando desarrollar un marco normativo para la desalación. Dentro de los puntos de la norma, habría un artículo que señala que todas las plantas desaladoras van a ingresar con prioridad, lo que implica que los estudios de impacto ambiental tienen que ser evaluados en la mitad del plazo.
Además, otro de los aspectos de la ley es que la Dirección General de Aguas vendría siendo la encargada de entregar la concesión de desalación, lo que permitiría -a diferencia de lo que ocurre hoy- sacar los diversos permisos en paralelo.
En relación a las medidas legislativas, el vicepresidente gremial enfatizó que estas son las correctas, pero destacó que falta que el Gobierno acelere los procesos para que entren en vigencia.
‘La ley lleva detenida tres meses en la Segpres, y las vocerías que ha dado el Presidente son bien claras en materia de que ya no podemos esperar más. Entonces no se entiende muy bien el por qué no sigue avanzando el proyecto. Quiero transmitir la sensación de urgencia’, señaló Rafael Palacios.
Asimismo, enfatizó que hay materias menores, pero fundamentales, que faltó pulir dentro de la ley, como la banca. ‘Todos estos proyectos necesitan financiamiento, entonces es súper importante que esto sea entendible para los
bancos’.
Por su parte Javier Moreno, gerente general de Aguas Pacífico, explicó que, respecto a la norma que permite al MOP licitar y construir proyectos, considera que es una buena señal política, ya que incorpora el agua desalada como fuente indispensable en la cartera de recursos.
‘En relación a la ley de desaladoras, creemos que es muy positivo que exista un marco especial para el desarrollo de la industria en nuestro país. Es una oportunidad para establecer condiciones para que se acelere la instalación de las desaladoras en Chile, dando garantías a las comunidades, servicios de evaluación ambientales y a la industria’, agregó Moren
El foco en Chile
Diversos inversionistas tienen los ojos puestos en el rubro de la desalación del país. El vicepresidente de Acades detalló que la condición climática a la que va a tener que enfrentarse Chile da cuenta de que las soluciones para la escasez hídrica son una necesidad, donde hay mucho espacio para invertir.
‘Hay muchos inversionistas que les hace sentido entrar al país en esta industria. Nosotros tenemos socios de distintas partes del mundo, y creemos que esto va a seguir creciendo. Esta ley nos va a dejar muy bien parados para los próximos años’, explicó Palacios.
Mientras tanto, Moreno concluyó que la propia geografía de Chile presenta ventajas muy nítidas para el desarrollo de la desalinización en forma sustentable, y agregó que cree que hay que avanzar en asentar el modelo de plantas desalinizadoras multipropósito.
Fuente: Diario Financiero
‘El año de las soluciones para la escasez hídrica’. Esa es la proyección que tiene Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), para este 2024.
Hoy en día en materia de desalación existen dos proyectos de ley en tramitación en el Congreso, que buscan entregar certeza jurídica en los procesos de obra de las plantas y agilidad en los permisos que se requieran para levantar los proyectos. A juicio del vicepresidente gremial, estas medidas vendrían a darle una mayor estabilidad al rubro de las desaladoras y recalcó que recogen las inquietudes más relevantes. ’Mientras más claras las reglas del juego, más apetito hay de los inversionistas. Hoy en día para obtener los permisos nos podemos demorar hasta seis años, con la implementación de la ley esto puede llegar a tres. Nosotros vemos que este año va a ser bastante activo’, destacó Palacios.
Según datos del gremio, en Chile hay cinco plantas desaladoras en construcción o prontas a entrar en operación (Planta Desaladora Collahuasi, Distrito Norte, Expansión Mantoverde, Antofagasta y Aconcagua), tres con evaluación ambiental aprobada (Distrito Minero Centinela Etapas I y II, Santo Domingo y Atacama), y al menos 17 iniciativas y proyectos que se encuentran en evaluación preliminar.
Asimismo, la entidad declaró que hoy en día hay US$ 11.772 millones de inversión relacionados a ocho proyectos en desarrollo de plantas de desalación en el país, por lo que para Palacios es crucial seguir avanzando en las materias de ley.
‘Esto no es solo importante por la inversión del proyecto en sí, sino todo lo relacionado al agua, como el litio, hidrógeno verde, minería, sanitarias, etc. Entonces tiene un efecto multiplicador muy grande en materia de crecimiento, por eso es tan importante que estos proyectos de ley se aprueben ahora’, destacó.
Cabe precisar que Chile cuenta con 24 plantas desaladoras con capacidad total de producción de 9.882 litros por segundo (l/s). Con las cinco plantas en construcción, en estos próximos dos años se sumará una capacidad de 6.920 l/s, y las 17 iniciativas sumarían 23 mil l/s adicionales, ‘números alentadores para el país’.
Proyectos de ley
Hace algunos meses atrás el Presidente Gabriel Boric daba a conocer el proyecto de ley que permitiría al Estado construir o licitar la construcción de plantas desaladoras de agua de mar.
Sumado a ello, el Gobierno informó que está buscando desarrollar un marco normativo para la desalación. Dentro de los puntos de la norma, habría un artículo que señala que todas las plantas desaladoras van a ingresar con prioridad, lo que implica que los estudios de impacto ambiental tienen que ser evaluados en la mitad del plazo.
Además, otro de los aspectos de la ley es que la Dirección General de Aguas vendría siendo la encargada de entregar la concesión de desalación, lo que permitiría -a diferencia de lo que ocurre hoy- sacar los diversos permisos en paralelo.
En relación a las medidas legislativas, el vicepresidente gremial enfatizó que estas son las correctas, pero destacó que falta que el Gobierno acelere los procesos para que entren en vigencia.
‘La ley lleva detenida tres meses en la Segpres, y las vocerías que ha dado el Presidente son bien claras en materia de que ya no podemos esperar más. Entonces no se entiende muy bien el por qué no sigue avanzando el proyecto. Quiero transmitir la sensación de urgencia’, señaló Rafael Palacios.
Asimismo, enfatizó que hay materias menores, pero fundamentales, que faltó pulir dentro de la ley, como la banca. ‘Todos estos proyectos necesitan financiamiento, entonces es súper importante que esto sea entendible para los
bancos’.
Por su parte Javier Moreno, gerente general de Aguas Pacífico, explicó que, respecto a la norma que permite al MOP licitar y construir proyectos, considera que es una buena señal política, ya que incorpora el agua desalada como fuente indispensable en la cartera de recursos.
‘En relación a la ley de desaladoras, creemos que es muy positivo que exista un marco especial para el desarrollo de la industria en nuestro país. Es una oportunidad para establecer condiciones para que se acelere la instalación de las desaladoras en Chile, dando garantías a las comunidades, servicios de evaluación ambientales y a la industria’, agregó Moren
El foco en Chile
Diversos inversionistas tienen los ojos puestos en el rubro de la desalación del país. El vicepresidente de Acades detalló que la condición climática a la que va a tener que enfrentarse Chile da cuenta de que las soluciones para la escasez hídrica son una necesidad, donde hay mucho espacio para invertir.
‘Hay muchos inversionistas que les hace sentido entrar al país en esta industria. Nosotros tenemos socios de distintas partes del mundo, y creemos que esto va a seguir creciendo. Esta ley nos va a dejar muy bien parados para los próximos años’, explicó Palacios.
Mientras tanto, Moreno concluyó que la propia geografía de Chile presenta ventajas muy nítidas para el desarrollo de la desalinización en forma sustentable, y agregó que cree que hay que avanzar en asentar el modelo de plantas desalinizadoras multipropósito.
Fuente: Diario Financiero
Dominga, Los Bronces, Hidrógeno y Litio: Lo bueno y lo malo para la naturaleza chilena este año
Este año se aprobó un mega proyecto minero y se rechazó otro. La industria del litio y del hidrógeno verde avanzan ante la preocupación de comunidades. Se aprobó un royalty minero y un nuevo servicio público en polémica con las salmoneras y se vivió un paréntesis húmedo en la mega sequía.
Este 2023 fue un año cargado de anuncios y decisiones ambientales en el país, algunas celebradas y otras criticadas por el ambientalismo.
Se vivió el avance de estrategias nacionales por el litio y el hidrógeno verde, la creación de nuevas áreas protegidas, un nuevo servicio público en cuidado de la biodiversidad, una polémica con las salmoneras en áreas protegidas y decisiones importantes para el avance o freno de mega proyectos de inversión con impacto ambiental.
Chile, ¿país minero?
Durante la cuenta pública al cumplirse el primer año del Gobierno de Gabriel Boric, el presidente dejó en claro que los planes de explotación de litio en los salares del norte del país y de hidrógeno verde en zonas como Magallanes, Antofagasta, Quilicura o Quintero, buscan financiar por esta vía el desarrollo social para Chile.
Pero las estrategias y planes de litio e hidrógeno verde implementados por el Gobierno han recibido críticas por parte de comunidades indígenas y locales que reclaman la falta de participación vinculante, la escala del desarrollo planteado y la falta de información sobre el impacto acumulado que tendrán estas industrias en los ecosistemas.
Mientras los reclamos demoran en ser respondidos, empresas multinacionales ya están invirtiendo, firmando acuerdos, constituyendo concesiones e instalando plantas piloto en los distintos territorios.
Un anuncio para este rubro que sí fue felicitado por quienes defienden el medio ambiente fue la imposición de un largamente esperado royalty minero, que recauda un impuesto a las empresas extractivas de cobre y litio y lo distribuye directamente a gobiernos regionales y municipalidades del todo el país.
No a Dominga, Sí a Los Bronces
Este año dos mega proyectos mineros que por años han puesto en alerta a comunidades locales vivieron momentos decisivos opuestos: el Comité de Ministros rechazó el mega proyecto minero portuario Dominga, pero aprobó la ampliación de la mina Los Bronces de Anglo American en la cordillera entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La decisión sobre el proyecto Dominga fue reclamada por la titular Andes Iron en el Primer Tribunal Ambiental en un proceso que continúa. Ante las críticas de quienes querían ver aprobado el proyecto minero, comunidades del Archipiélago de Humboldt trabajan para visibilizar las otras actividades económicas de la zona como la pesca artesanal, el cultivo de olivos y el turismo de avistamiento de fauna marina.
La decisión de aprobar el proyecto Los Bronces Integrado también fue reclamada por organizaciones locales y de defensa ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental, quienes piden que el proyecto se vuelva a evaluar considerando el impacto que tendría en 85 glaciares en las inmediaciones del proyecto que no fueron considerados.
El reclamo de las comunidades también es respaldado por once consejeros regionales de la Región Metropolitana, que consolidan el rechazo ya expresado por el gobernador Claudio Orrego, dada la preocupación de que el impacto a los glaciares ponga el peligro el abastecimiento de agua potable para la región.
Nace una nueva institución
Luego de 13 años de tramitación, por fin en el 2023 se aprobó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que era la pieza que le faltaba a la institucionalidad ambiental, y que habilita al Ministerio de Medio Ambiente a tomar decisiones para proteger la biodiversidad a escala nacional.
El nacimiento de este nuevo servicio no estuvo exento de polémicas: generó un debate dentro de Conaf, dado que el cuidado de las áreas protegidas pasa desde esta corporación al SBAP, lo que generó incertidumbre entre las y los trabajadores, aunque luego fue aprobado por los guardaparques.
La otra gran polémica, que se llevó el foco de atención sobre este proyecto, fue la discusión de si las salmoneras podían operar dentro de áreas protegidas como parques o reservas nacionales. Tras un fuerte lobby y campaña comunicacional de la industria salmonera, el Gobierno no logró incluir en la ley una exclusión de la acuicultura dentro de estas áreas.
Pero sí definió a través de un decreto que solo pueden entregarse nuevas concesiones de salmonicultura en parques nacionales que ya tengan aprobado su plan de manejo, y la actividad será aprobada solo si es compatible con los objetos de protección de dicho plan. Esta prohibición también generó un amplio rechazo de la industria salmonera, siendo festejada por el ambientalismo dado los graves impactos que ha causado esta actividad en los mares patagónicos.
Nuevas áreas protegidas
A la noticia del rechazo de Dominga se sumó la creación de un área marina protegida en el Archipiélago de Humboldt en la zona donde se instalaría el proyecto. Se trata de un área de múltiples usos, lo que consolida el plan de la ciudadanía por proteger este rico ecosistema marino de grandes proyectos, habilitando actividades de baja escala y con enfoque sustentable como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.
Otra área protegida creada tras años de lucha ambiental es el Parque Nacional Glaciares de Santiago, que abarca 75 mil hectáreas y 368 glaciares de la alta montaña en la Región Metropolitana.
Sin embargo, comunidades y el gobernador regional Claudio Orrego solicitan que el parque se amplíe a las zonas más bajas del terreno fiscal, ya que la porción protegida cumple el rol de proteger los glaciares pero no de dar acceso a ciudadanas y ciudadanos de la capital a la naturaleza. Esto porque hasta ahora sólo se protege la parte que está por sobre los 3.600 metros de altura, haciendo el lugar inaccesible para personas que no sean deportistas de montaña.
Un área protegida que estuvo en el ojo de la tormenta este año es el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de Concón. Esto debido a dos inmensos socavones generados en las dunas que obligaron a evacuar permanentemente algunos edificios y que levantaron alerta ciudadana sobre el impacto de la presión inmobiliaria sobre las dunas.
Un año de lluvia
Tras más de una década de mega sequía, las lluvias de este invierno lograron revertir la tendencia en muchos lugares del país que venían cerrando cada año con déficit de precipitaciones.
7Uno de los aprendizajes que dejó la lluvia fue la necesidad de restaurar los ecosistemas que infiltran agua de la superficie, como humedales, bosques y espacios verdes urbanos, para mitigar las inundaciones y el escurrimiento de agua que no logra rellenar los acuíferos para los tiempos de sequía.
El otro es que las lluvias en invierno y primavera hicieron brotar grandes extensiones de pastizal, que luego se secó con el calor intenso, dejando al país en una posición vulnerable ante una nueva temporada de incendios forestales.
Esto ocurre luego de la última temporada de incendios del 2022-2023 que fue una de las más destructivas de la historia.
Este año se aprobó un mega proyecto minero y se rechazó otro. La industria del litio y del hidrógeno verde avanzan ante la preocupación de comunidades. Se aprobó un royalty minero y un nuevo servicio público en polémica con las salmoneras y se vivió un paréntesis húmedo en la mega sequía.
Este 2023 fue un año cargado de anuncios y decisiones ambientales en el país, algunas celebradas y otras criticadas por el ambientalismo.
Se vivió el avance de estrategias nacionales por el litio y el hidrógeno verde, la creación de nuevas áreas protegidas, un nuevo servicio público en cuidado de la biodiversidad, una polémica con las salmoneras en áreas protegidas y decisiones importantes para el avance o freno de mega proyectos de inversión con impacto ambiental.
Chile, ¿país minero?
Durante la cuenta pública al cumplirse el primer año del Gobierno de Gabriel Boric, el presidente dejó en claro que los planes de explotación de litio en los salares del norte del país y de hidrógeno verde en zonas como Magallanes, Antofagasta, Quilicura o Quintero, buscan financiar por esta vía el desarrollo social para Chile.
Pero las estrategias y planes de litio e hidrógeno verde implementados por el Gobierno han recibido críticas por parte de comunidades indígenas y locales que reclaman la falta de participación vinculante, la escala del desarrollo planteado y la falta de información sobre el impacto acumulado que tendrán estas industrias en los ecosistemas.
Mientras los reclamos demoran en ser respondidos, empresas multinacionales ya están invirtiendo, firmando acuerdos, constituyendo concesiones e instalando plantas piloto en los distintos territorios.
Un anuncio para este rubro que sí fue felicitado por quienes defienden el medio ambiente fue la imposición de un largamente esperado royalty minero, que recauda un impuesto a las empresas extractivas de cobre y litio y lo distribuye directamente a gobiernos regionales y municipalidades del todo el país.
No a Dominga, Sí a Los Bronces
Este año dos mega proyectos mineros que por años han puesto en alerta a comunidades locales vivieron momentos decisivos opuestos: el Comité de Ministros rechazó el mega proyecto minero portuario Dominga, pero aprobó la ampliación de la mina Los Bronces de Anglo American en la cordillera entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La decisión sobre el proyecto Dominga fue reclamada por la titular Andes Iron en el Primer Tribunal Ambiental en un proceso que continúa. Ante las críticas de quienes querían ver aprobado el proyecto minero, comunidades del Archipiélago de Humboldt trabajan para visibilizar las otras actividades económicas de la zona como la pesca artesanal, el cultivo de olivos y el turismo de avistamiento de fauna marina.
La decisión de aprobar el proyecto Los Bronces Integrado también fue reclamada por organizaciones locales y de defensa ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental, quienes piden que el proyecto se vuelva a evaluar considerando el impacto que tendría en 85 glaciares en las inmediaciones del proyecto que no fueron considerados.
El reclamo de las comunidades también es respaldado por once consejeros regionales de la Región Metropolitana, que consolidan el rechazo ya expresado por el gobernador Claudio Orrego, dada la preocupación de que el impacto a los glaciares ponga el peligro el abastecimiento de agua potable para la región.
Nace una nueva institución
Luego de 13 años de tramitación, por fin en el 2023 se aprobó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que era la pieza que le faltaba a la institucionalidad ambiental, y que habilita al Ministerio de Medio Ambiente a tomar decisiones para proteger la biodiversidad a escala nacional.
El nacimiento de este nuevo servicio no estuvo exento de polémicas: generó un debate dentro de Conaf, dado que el cuidado de las áreas protegidas pasa desde esta corporación al SBAP, lo que generó incertidumbre entre las y los trabajadores, aunque luego fue aprobado por los guardaparques.
La otra gran polémica, que se llevó el foco de atención sobre este proyecto, fue la discusión de si las salmoneras podían operar dentro de áreas protegidas como parques o reservas nacionales. Tras un fuerte lobby y campaña comunicacional de la industria salmonera, el Gobierno no logró incluir en la ley una exclusión de la acuicultura dentro de estas áreas.
Pero sí definió a través de un decreto que solo pueden entregarse nuevas concesiones de salmonicultura en parques nacionales que ya tengan aprobado su plan de manejo, y la actividad será aprobada solo si es compatible con los objetos de protección de dicho plan. Esta prohibición también generó un amplio rechazo de la industria salmonera, siendo festejada por el ambientalismo dado los graves impactos que ha causado esta actividad en los mares patagónicos.
Nuevas áreas protegidas
A la noticia del rechazo de Dominga se sumó la creación de un área marina protegida en el Archipiélago de Humboldt en la zona donde se instalaría el proyecto. Se trata de un área de múltiples usos, lo que consolida el plan de la ciudadanía por proteger este rico ecosistema marino de grandes proyectos, habilitando actividades de baja escala y con enfoque sustentable como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.
Otra área protegida creada tras años de lucha ambiental es el Parque Nacional Glaciares de Santiago, que abarca 75 mil hectáreas y 368 glaciares de la alta montaña en la Región Metropolitana.
Sin embargo, comunidades y el gobernador regional Claudio Orrego solicitan que el parque se amplíe a las zonas más bajas del terreno fiscal, ya que la porción protegida cumple el rol de proteger los glaciares pero no de dar acceso a ciudadanas y ciudadanos de la capital a la naturaleza. Esto porque hasta ahora sólo se protege la parte que está por sobre los 3.600 metros de altura, haciendo el lugar inaccesible para personas que no sean deportistas de montaña.
Un área protegida que estuvo en el ojo de la tormenta este año es el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de Concón. Esto debido a dos inmensos socavones generados en las dunas que obligaron a evacuar permanentemente algunos edificios y que levantaron alerta ciudadana sobre el impacto de la presión inmobiliaria sobre las dunas.
Un año de lluvia
Tras más de una década de mega sequía, las lluvias de este invierno lograron revertir la tendencia en muchos lugares del país que venían cerrando cada año con déficit de precipitaciones.
7Uno de los aprendizajes que dejó la lluvia fue la necesidad de restaurar los ecosistemas que infiltran agua de la superficie, como humedales, bosques y espacios verdes urbanos, para mitigar las inundaciones y el escurrimiento de agua que no logra rellenar los acuíferos para los tiempos de sequía.
El otro es que las lluvias en invierno y primavera hicieron brotar grandes extensiones de pastizal, que luego se secó con el calor intenso, dejando al país en una posición vulnerable ante una nueva temporada de incendios forestales.
Esto ocurre luego de la última temporada de incendios del 2022-2023 que fue una de las más destructivas de la historia.
